Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, Manos Unidas denuncia que la trata de personas no deja de aumentar en plena pandemia. Asimismo, muchas de las víctimas potenciales están ahora más lejos de los mecanismos de prevención y apoyo, lo que complica su identificación y rescate y ha facilitado el auge del reciente fenómeno de la ciberprostitución.
Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2018, 148 países detectaron alrededor de 50.000 víctimas de trata, aunque el número real de personas afectadas es mucho mayor, dada la naturaleza oculta de este delito. El informe muestra que los traficantes se aprovechan especialmente de los más vulnerables, como los migrantes, las personas sin trabajo y los menores de edad. En el caso de los niños y niñas, su presencia entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años. Las niñas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual y los niños son utilizados para trabajos forzados.
Zamboanga, la puerta trasera de la trata en Filipinas
La ciudad costera de Zamboanga es la sexta ciudad más poblada de Filipinas y su puerto internacional supone la «puerta trasera» para la trata de personas en el continente asiático. Aproximadamente 8.000 víctimas de trata han sido rescatadas en el puerto internacional de Zamboanga desde 2011. De este número, alrededor de 300 eran menores de edad, principalmente niñas. Sin embargo, el número de víctimas puede ser mucho mayor porque existen otros 100 muelles privados en la ciudad que eluden los controles y algunos son utilizados para actividades ilegales como la trata de personas.
En este contexto, Manos Unidas colabora desde hace más de 10 años con la ONG Katilingban Sa Kalambuan Org. Inc. (KKI). Con el objetivo de prevenir y paliar las consecuencias de la trata de personas menores de edad, la ONG KKI puso en marcha en 2008 el Tanglaw Buhay Center, un centro de acogida y reinserción de niñas víctimas de tráfico y violencia sexual, que recientemente ha sido construido en una nueva ubicación, y que ha logrado reintegrar en la sociedad a más de 350 niñas.
La Dra. Marcelina Carpizo, directora del Tanglaw Buhay Center, explica cuál es el perfil mayoritario de las víctimas: «Suelen ser chicas jóvenes, y también niñas, que vienen de hogares rotos o con escasos recursos económicos, bajos niveles educativos y cuya biografía está marcada por la violencia física, psicológica y/o sexual. En algunos casos, es en el seno de la familia donde se cometen los primeros abusos. Otras veces las familias son engañadas, o confían en redes ilegales que emplean a las niñas como trabajadoras domésticas en condiciones de semi esclavitud o como trabajadoras sexuales».
Coronavirus y ciberprostitución
Es probable que la pérdida generalizada del empleo e ingresos y la inseguridad política y económica a causa de la pandemia, hagan crecer las tasas de trabajo infantil, explotación sexual, trata de niños y embarazos de adolescentes.
En estos tiempos inciertos de crisis, la ciberprostitución se consolida como una nueva forma de abuso y un grave riesgo para los niños y niñas de familias empobrecidas.
«Las escuelas no acogen aún clases presenciales y los niños, que se ven obligados a seguir las clases por internet, se sienten ansiosos o solos debido al aislamiento y el encierro», afirma Carpizo. «Esta conexión permanente facilita la tarea de los ciberdelincuentes, que tientan a familias y niños con salidas rápidas a su dura situación».
La trata de mujeres y niñas migrantes venezolanas en Colombia
Las mujeres y niñas migrantes venezolanas son un objetivo cada vez más recurrente para las redes de trata con fines de explotación sexual en Colombia. La situación, aunque no es nueva, sí se ha agudizado como consecuencia de la diáspora constante de venezolanos que cruzan la frontera con Colombia.
Los tentáculos de los grupos delictivos se han ampliado y se ha consolidado una red transnacional y criminal llamada «Los Venecos», en conjunción con actores prevenientes del conflicto armado colombiano y grupos armados de delincuencia organizada.
Con el apoyo de Manos Unidas, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) ha contribuido a que la Defensoría del Pueblo en Colombia generase la alerta temprana 025. En esta alerta se expone que las mujeres son abordadas por la red criminal en las ciudades fronterizas de San Cristóbal, Ureña y San Antonio del Táchira, bajo falsas promesas laborales, y las trasladan engañadas hacia la región del Magdalena Medio con fines de explotación sexual. Muchas de las víctimas no denuncian nunca su situación, debido a que el tráfico de personas es ejecutado por grupos fuertemente armados. Por ello, estas iniciativas prevención y alerta temprana son de suma importancia.
«En alianza con organizaciones locales y con apoyo de Manos Unidas, llevamos a cabo jornadas de prevención y salud en las que conversamos con las mujeres, nos acercamos a su realidad y documentamos la situación de las migrantes venezolanas víctimas o en riesgo de trata», explica Diana Marcela Torres, Coordinadora Regional en Colombia del Servicio Jesuita a Refugiados.
La pandemia aumenta el riesgo y la invisibilidad de las víctimas
Los establecimientos de las ciudades en los que las víctimas eran explotadas fueron cerrados a consecuencia de la pandemia, lo que provocó que las mujeres fueran trasladadas a regiones rurales, principalmente a zonas mineras de difícil acceso y bajo control de grupos armados. Esto hace que la invisibilidad de la trata sea mayor.
«La primera reacción frente a la alerta temprana por parte de las instituciones fue la negación y el desconocimiento de la situación —afirma Torres—. Es fundamental, por esta razón, que mantengamos nuestros equipos sobre terreno, con el apoyo de organizaciones como Manos Unidas.