Con motivo del Día mundial para la erradicación de la pobreza que se lleva a cabo cada año el 17 de octubre, Manos Unidas apela a la responsabilidad de los gobiernos para que ejecuten programas de lucha contra el hambre.
Desde la ONG católica explican que el último informe de la FAO (SOFI 2018) calcula que en el mundo 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y unos 820 millones desnutrición crónica frente a los 811 millones del año anterior.
Esta cifra, denuncia la ONG, se ha visto incrementada por tercer año consecutivo. Esto significa que una de cada nueve personas no puede acceder de manera regular a una alimentación adecuada y suficiente.
Con estos datos, Manos Unidas invita a toda la sociedad a «redoblar nuestro compromiso con un mundo más justo en el que todos tengamos una vida digna, Manos Unidas lleva 60 años luchando y contribuyendo para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en muchos rincones del mundo. Y trabajamos para erradicar el hambre en un mundo que, paradójicamente, produce alimentos para dar de comer a casi el doble de la población mundial».
Manos Unidas apela a la responsabilidad de los gobiernos para que ejecuten programas de lucha contra el hambre y la pobreza
Señalan que «la mercantilización de los alimentos, la insostenibilidad social y medioambiental de la producción a gran escala como modelo de producción agrícola, y la pérdida y desperdicio de los alimentos son 3 de las principales causas directas de esta tragedia y a las que Manos Unidas ha dedicado su trabajo todos estos años».
Asimismo, explican que «el derecho a la alimentación es un derecho y no un negocio. El resto de derechos fundamentales giran en torno a él, por lo que no puede dividirse ni abordarse de forma aislada».
El hambre y la pobreza son dos conceptos íntimamente relacionados que se retroalimentan y erradicarlos es una cuestión de voluntad, de compromiso y de sensibilización; de invertir en agricultura y de reformar las reglas del juego del comercio internacional.
«El derecho a la alimentación es un derecho y no un negocio. El resto de derechos fundamentales giran en torno a él, por lo que no puede dividirse ni abordarse de forma aislada»
Por ello, Manos Unidas apela a la responsabilidad de los gobiernos para que ejecuten programas de lucha contra el hambre y la pobreza, y hace un llamamiento a la sociedad para que cambie sus estilos de vida, y ejerza así una sana presión sobre los que tienen el poder político, económico y social.
El papel de la sociedad civil es crucial para garantizar que todo el mundo pueda comer. Alimentarse no es un privilegio de ricos, ni es una caridad que hacemos a la gente pobre. Cuando se dice que es un derecho inherente al ser humano por el hecho de existir, se está diciendo que los Estados tienen la obligación de hacer cumplir este derecho y que el papel de los ciudadanos es muy importante porque tienen el derecho y la obligación de exigir a sus gobiernos que creen las condiciones adecuadas para que todo el mundo pueda comer. Y para ello, se necesita una sociedad civil muy consciente y empoderada, subrayan desde la ONG.
En 2018, Manos Unidas aprobó 564 nuevos proyectos por un valor de 35.903.339 € en 54 países de África, Asia y América, para luchar contra el hambre y la erradicación de la pobreza, de los que se beneficiaron directamente casi un millón y medio de personas.